SOBRE EL DEBATE EDUCACIONAL EN EL MINEDUC
“Hoy gobernar requiere devolver espacios de sugerencia y poder decisional a las personas.... a través de la expresión libre de sus ideas, de la participación activa y de la demanda a la solución de sus problemas.” Michelle Bachelet, “El Mercurio”, Domingo 22 de Abril, Pág. D8. El jueves pasado en un acto al cual invitó a los funcionarios, la señora Ministra de Educación, Yasna Provoste y la Subsecretaria, Pilar Romaguera, dieron a conocer el proyecto de Ley General de Educación (LGE) enviado al Congreso por la Presidenta Bachelet, solicitando su participación y divulgación. Anteriormente al envío del proyecto gubernamental, y por iniciativa de las máximas autoridades del Ministerio, éstas se reunieron con similares fines con el Directorio Nacional de ANDIME, planteándoles en forma somera, superficial e incompleta sus contenidos. En esa oportunidad, quienes suscribimos esta declaración, hicimos presente nuestro reclamo y rechazo a la falta de participación de los funcionarios en la definición de una iniciativa de este tipo, destinada a modificar importantes aspectos de la educación nacional que constituyen temas de preocupación central del Ministerio y sus trabajadores. Reiteramos la voluntad y compromiso permanente de todo el gremio con la misión del Ministerio de asegurar en forma efectiva el ejercicio de los derechos educacionales de toda la población, en función de lo cual las autoridades políticas pueden contar con la alta competencia y el rico acerbo sapiencial y experiencial del cuadro permanente de profesionales, técnicos y especialistas del Mineduc. Este juicio está avalado por la práctica cumplida por muchas generaciones de funcionarios desde el origen del Sistema Educacional, situación que se mantiene pese a dificultades y errores cometidos por algunas autoridades que han despotenciado y desjerarquizado la institución ministerial. Si hay quienes conozcan mejor la realidad efectiva de la educación de cada rincón del país, ellos son los que integran el contingente de los mil supervisores educacionales y doscientos inspectores de subvenciones de los Deprov, quienes cotidianamente se desempeñan hasta en los colegios mas remotos de nuestra geografía, ¡qué provechoso sería que cada iniciativa del Ministerio o del Gobierno recogiera sus ideas y aportes, así como la del resto de nuestros profesionales y técnicos! De allí que nos parezca altamente insuficiente la mera realización de seminarios, talleres y el uso de un espacio virtual en la red, para recoger nuestra reflexión y propuestas a un debate de tanto impacto en la Sociedad y el Mineduc. Es preciso articular un amplio y participativo debate, tal como lo hicimos el 2001 en relación al proyecto de ley de rediseño institucional y sus tareas, que nos permita recoger juicios y propuestas acerca del cambio de la LOCE propuesto, en base a lo ya discutido y que ahora debe ser actualizado y complementado. Ese proceso debería enriquecer la posición de los funcionarios, entre otros, sobre: 1. La defensa de la educación pública, la que por sus características intrínsicas es más abierta, incluyente e idónea para atender el bienestar social y terminar con las discriminaciones, selectividad y exclusiones que sufren los estudiantes de los estratos más pobres;2. Nuestro rechazo a la presencia perniciosa del lucro y el mercado en el sistema educacional, que pervierte los fines superiores de una educación al servicio de la más plena formación humana, engrandecer la Sociedad y favorecer el crecimiento del país;3. El fracaso de la municipalización que genera el paulatino traspaso al área privada de miles de alumnos y decenas de escuelas año a año, y la vergüenza actual representada por la amenaza torpe y brutal del cierre de colegios proferida por varios alcaldes;4. El insostenible sistema de financiamiento por subvención escolar, impuesto durante un período en que Chile careció de democracia, que no permite atender los gastos necesarios para una educación de calidad de los más necesitados;5. Fortalecimiento del rol de los docentes, a quienes aún no se les otorga un trato profesional y salarial adecuado, que contemple una evaluación asociada a una carrera justa y digna y no sólo al castigo de la pérdida del trabajo; 6. El fin del autoritarismo y el tecnocratismo pedagógico en la visión y gestión educacional, reduciéndole de una función societal de desarrollo personal, social, cultural y ciudadano a un mero fenómeno técnico de aula;7. Una real fiscalización en el uso de los recursos públicos, porque sólo no se controla, sino que también algunos son sospechosamente débiles o permeables a la presión de terceros ante irregularidades o delitos detectados, como ocurrió en el emblemático caso del Colegio Britania de la Región Metropolitana;8. Variar la forma en que se ha conducido el Sector Educación para concebir, diseñar, poner en práctica y evaluar políticas y programas, que excluye la participación de las diversas ópticas y experiencias existentes en el ámbito educativo, en especial de los técnicos, profesionales y especialistas del Ministerio, para transparentar estos procesos y evitar que se desarrollen a puertas cerradas por grupos reducidos o agentes externos, que desconocen las realidades educativas sobre las cuales intervienen;9. Finalizar con la creciente privatización o tercerización de funciones claves del Ministerio, que lo debilitan y le impiden cumplir con los propósitos que la Sociedad le reclama, como la acreditación de instituciones de la educación superior o la supervisión educativa en el medio escolar, entre otras. Estas posturas sobre estas y otras materias relevantes del debate educativo, los funcionarios y su gremio representativo, ANDIME, las fue generando participativamente, dado el positivo clima de apertura conquistado durante la elaboración del proyecto de ley de rediseño institucional, en las asambleas gremiales y en las reuniones de los equipos de trabajo funcionario. La Responsabilidad de la Actual Administración del Mineduc Extrañamente ese espacio participativo se ha ido clausurando durante la actual administración, contradiciendo las insistentes declaraciones de la Dra. Bachelet. La voz de ANDIME se ha hecho cada vez mas inaudible a nuestras autoridades. Ni siquiera se hace escuchar para hacer cumplir las reivindicaciones mas urgentes y sentidas, que habíamos ganado en anteriores jornadas de negociación y lucha gremial, entre el 2.000 y la pasada gestión de los ministros Bitar y Hornkhol. Por eso no nos sorprende la anómala falta de participación en estas materias mas fundamentales y estratégicas. Mientras siga pendiente el derecho a la estabilidad laboral para cerca de un millar de nuestros colegas a contrata; no se mejoren los bajos grados del personal de diferentes escalafones; no se paguen los beneficios económicos pendientes para quienes cumplan cargos de jefatura, ahora de carrera, en Supervisión e Inspección en los Deprov, y la asignación de estudios para nuestros colegas de inspección; no se solucione el encasillamiento de los auxiliares y administrativos a contratas; ni se rompa con el congelamiento del Escalafón en Extinción de los Técnicos de Inspección; todo lo cual estaba acordado entre el anterior Directorio Nacional de ANDIME y las actuales autoridades del Ministerio, cualquier llamado a la participación está severamente cuestionado, en entredicho. Estas materias están pendientes desde principios del año pasado, provocando que casi $1.500.000.000, ¡MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS!, hayan dejado de ser percibidos por el personal del Mineduc, no obstante haber sido prometidas reiteradamente por las autoridades, desde el Ministro Zilic a la fecha. Esta situación explica también lo que ocurre en diferentes unidades desconcentradas del Mineduc y en el Nivel Central, en las cuales ha vuelto a recrudecer el autoritarismo y el abuso en contra de los funcionarios. Casi una treintena de colegas a fines del año pasado fueron injustificadamente amenazados de despidos por una mera arbitrariedad y exceso de sus jefaturas, tal como ocurrió con particular encono en los Deprov de Los Angeles y Ovalle, la Región Metropolitana y en algunas Unidades del Nivel Central. Contrariando lo establecido en el Código de la Buenas Prácticas Laborales, dictado por la Sra. Presidenta, y otras disposiciones gubernamentales, en el Mineduc jefaturas reactivas a los valores y prácticas del respeto a las personas, el humanismo y la democracia, generan un enrarecido ambiente institucional y propician la intervención de actores externos en apoyo a su mala gestión directiva. Nos preguntamos...¿Qué participación en debates se puede propiciar, si estas apremiantes situaciones internas no se solucionan?; ¿los funcionarios son realmente valorados por la autoridad?; si no se cumple con lo que la ley establece y acuerdos convenidos en forma expresa con los representantes legales de los funcionarios, ¿se puede confiar en que se acogerán sus ideas y aportes en materias de mayor amplitud y relevancia? En Consecuencia, sostenemos que:1. La autoridad del Ministerio resuelva sin mayor dilación los temas pendientes en la aplicación de la Ley 20.059;2. Intertanto, se debe apelar a nuestra experiencia como gremio y movilizarnos para asegurar que nuestros derechos se cumplan al más breve plazo;3. El proceso de movilización debe contener, tal como siempre, las acciones que: nos permitan exigir respuestas urgentes, claras y precisas; realizar asambleas destinadas a iniciar nuestro debate en torno al proyecto LGE; abrir relaciones con otros sectores sociales del mundo de la educación para poder pesar efectivamente en el debate nacional; mantenernos vigilantes a cualquier atropello en contra de colega alguno y, si este se produjese reaccionar de inmediato en contra del abuso y en defensa del sano clima organizacional, tal como lo hicieron nuestros valientes colegas de Los Ángeles y Ovalle, ¡a seguir su ejemplo!Con saludos cordiales, NELSON VIVEROS L. EGIDIO BARRERA G. MARIO ULLOA M. DIRECTORES NACIONALES DE ANDIME
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