Proyecto de ley que crea superintendencia de educación

Presidenta firma proyecto de ley que crea superintendencia de educación

o        “Será un ente evaluador y fiscalizador de la excelencia en educación”, sostuvo la Ministra de Educación Yasna Provoste.

o        Nueva institucionalidad evaluará estándares de calidad de los establecimientos educacionales y medirá nivel de aprendizaje de sus alumnos

o        Tendrá facultades para fiscalizar el correcto uso de los recursos públicos, a través de rendiciones de cuentas que deberán entregar los sostenedores. Padres y apoderados podrán efectuar reclamos y denuncias.

La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, acompañada de la Ministra de Educación, Yasna Provoste Campillay, encabezaron hoy la ceremonia de firma del proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación, organismo encargado de fiscalizar y garantizar el derecho a una educación de calidad para todos los estudiantes de nuestro país.

La ceremonia se llevó a cabo en la Escuela Básica Viluco de la comuna de Buin y contó con la presencia de autoridades locales, de gobierno, parlamentarios, y miembros de la comunidad educativa del establecimiento educacional.

El proyecto establece la creación de una Superintendencia de Educación, como un servicio público funcionalmente descentralizado y como un elemento fundamental del sistema que asegura la calidad de la educación parvularia, básica y media. El objetivo del nuevo organismo será evaluar y fiscalizar el cumplimiento de los estándares de calidad de la educación que entregan los establecimientos públicos y privados que cuentan con reconocimiento oficial del Estado.

Evaluará el desempeño de las escuelas, preocupándose que cuenten con normas y gestión de calidad, el organismo estará facultado para evaluar los logros de aprendizaje de los alumnos en relación a estándares determinados por la autoridad.

La futura instancia fiscalizadora podrá dar cuenta a los tribunales de las faltas o delitos en el que incurran los establecimientos educacionales pudiendo hacerse parte de los procesos y garantizará el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, entre otros aspectos.

El proyecto asegurará una adecuada información pública, de manera de lograr una amplia y completa transparencia en los logros de aprendizaje de los alumnos, de la gestión pedagógica, administrativa y financiera de los establecimientos educacionales y de los sostenedores. De este modo se asegurará el ejercicio de los derechos, una adecuada toma de decisiones por parte de los alumnos y de las familias. La Superintendencia de Educación, en el ejercicio de sus atribuciones, deberá hacer pública la información que recopile y deberá ponerla a disposición de la comunidad educativa y ciudadanos en general.

La Jefa de Estado manifestó en la oportunidad que desde el año 1990 no se llevaba adelante una iniciativa de esta envergadura y puntualizó que será la inyección de recursos contra resultados más importante de que se tenga memoria. “Por eso convocó a todos los sectores y actores a discutir esta reforma con altura de miras, pensando en el bien de Chile. Espero que las diferencias de opiniones acerca de uno u otro objetivo no empañe la meta final que persiguen todos los sectores: mejorar la calidad de la educación”.

En este sentido señaló que los estudiantes deben dimensionar el tremendo salto que dará el sistema educativo, un salto que hará historia y que busca otorgar una educación de calidad acompañada de equidad para todos.

“Necesitamos la cooperación y el apoyo de todos. Necesitamos que el Congreso Nacional apruebe rápidamente los proyectos, mientras tanto, nosotros seguiremos concentrando esfuerzos en fortalecer la educación pública, haciendo todos los ajustes institucionales que sean necesarios con el único norte de forjar una educación de calidad”, puntualizó la Presidenta Bachelet.

Por su parte la Ministra Yasna Provoste recalcó que el envío de esta iniciativa legal apunta al compromiso asumido por el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet de entregar más y mejor educación especialmente a los sectores más vulnerables. “Queremos más calidad y mejores rendimientos escolares como condición de equidad; una relación de estrecha colaboración entre el Estado y los privados; diversidad de sostenedores, pero con un exigente estándar de calidad”, afirmó la autoridad.

“Si el proyecto de Ley General de Educación consagra las responsabilidades del Estado con la educación, los derechos y deberes de los actores educativos, y la exigencia de cumplir estándares de calidad, la Superintendencia es la que evaluará y fiscalizará su cumplimiento pudiendo sancionar a quienes incumplan con la normativa”, explicó la secretaria de Estado.

Agregó que “atrás quedarán las denuncias y reclamos que, a pesar de tener fundamento hasta ahora no tenían sanción. La Superintendencia será un espacio para que los ciudadanos y las comunidades educativas eleven sus reclamos y denuncias, asegurando así una real fiscalización y una oportuna sanción si corresponde”.

Yasna Provoste explicó que este proyecto de ley va de la mano con la iniciativa sobre Subvención Preferencial actualmente en discusión en el Parlamento y la Ley General de Educación, enviada recientemente al Congreso Nacional. “Son piezas que unidas dan cuenta de la nueva reforma en educación. Estamos haciendo cambios profundos en el marco regulador y en la institucionalidad de la educación del país, todo con miras a mejorar la calidad y a tener un sistema con más equidad”.

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN

o        La Superintendencia de Educación será un ente evaluador y fiscalizador. Su objetivo principal será verificar el cumplimiento de estándares de calidad, que los sostenedores imparten en los establecimientos que cuentan con reconocimiento oficial del Estado.

o        Funcionará bajo el Sistema de Alta Dirección Pública.

o        Tendrá una estructura moldeable a las necesidades de la fiscalización, por lo que tendrá oficinas regionales, que serán organismos descentralizados funcionalmente.

o        Podrá solicitar datos y documentación a los sostenedores para fiscalizar y aplicar sanciones.

o        Además evaluará el grado de cumplimiento de estándares de calidad del sistema educativo. De esta forma diseñará un sistema que mida los niveles de aprendizajes de los alumnos e informará públicamente sus resultados y coordinará la participación de nuestro país en mediciones internacionales de aprendizaje.

o        Validará los instrumentos de Evaluación Docente, docente directiva y de personal técnico para los colegios y liceos particulares subvencionados.

o        Fiscalizará el correcto uso de los recursos públicos, a través de rendiciones de cuentas que deberá entregar cada sostenedor subvencionado. Para esto, la Superintendencia de Educación podrá realizar visitas inspectivas a los establecimientos y ordenar auditorias a la gestión de dichos sostenedores. En el caso de establecimientos particulares pagados, la Superintendencia podrá fiscalizar ante denuncia o reclamo.

o        Podrá ordenar la intervención transitoria de un establecimiento educacional subvencionado que obtenga resultados educativos deficientes y reiterados; en caso extremo y de acuerdo a las leyes, podrá proceder a la revocación del reconocimiento oficial del Estado.

o        La Superintendencia de Educación permitirá que padres y apoderados puedan efectuar reclamos y denuncias, haciéndose cargos de estos, aplicando los mecanismos necesarios para verificarlos. Además de tomar medidas cuando las denuncias sean fundadas.

o        El MINEDUC en tanto, estará a cargo de elaborar el currículo, los estándares de calidad necesarios y el plan de evaluación de la calidad a nivel nacional. También mantendrá la implementación de programas y políticas y las labores de apoyo e intervención de los establecimientos.

En conclusión, la Superintendencia de Educación será el ente evaluador y fiscalizador por excelencia en el ámbito educacional. Formará parte, junto al Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Educacion, de un sistema de aseguramiento de la calidad educativa. Será un espacio efectivo para que los ciudadanos y las comunidades educativas eleven sus reclamos y denuncias, asegurando así una real fiscalización y una oportuna sanción si corresponde. Será una aliada de los ciudadanos, ya que a través de ella podrán hacer efectivo su derecho a recibir una educación de calidad.