El Bloque Social por la Educación aspira a promover la unidad de los actores sociales que viven cotidianamente las consecuencias negativas del actual modelo de educación mercantil con el objetivo de concretar los cambios estructurales profundos que requiere nuestro sistema educativo para favorecer una educación y una sociedad más igualitaria, justa, libertaria y de calidad integral. En esta perspectiva, durante los seis meses de trabajo en el Consejo Asesor Presidencial por la Calidad de la Educación, el Bloque Social ha ido construyendo diversas propuestas, defendidas en el Consejo, pero que se desperfilaron en la falta de coherencia y articulación del Informe Final. Es nuestro objetivo presentar y someter al debate de las organizaciones del mundo social y de l@s ciudadan@s de nuestro país el producto de este trabajo para mejorar el conjunto de la educación chilena, en especial la educación de las mayorías populares. A continuación exponemos una breve síntesis de él. La actual LOCE aprobada durante la Dictadura y sostenida posteriormente por los gobiernos de la Concertación, no sólo carece de legitimidad deliberativa, sino que además concretizó y validó el desmantelamiento de la educación pública chilena, instalando una lógica donde ha primado la libertad de empresa en educación. La Reforma educativa en curso desde mediados de los años 90, también se caracterizó por procesos de exclusión ciudadana. Esta vez la visión técnica anuló las esperanzas y expectativas de participación de diferentes sectores de la sociedad. Por otra parte, las autoridades políticas no cuestionaron la legitimidad ni los efectos perversos de la LOCE ni de la Constitución Política dictadas durante la Dictadura. La municipalización del sistema de educación pública significó el traspaso de los establecimientos a entidades sin competencias para la administración educativa, desligando al Estado de su responsabilidad histórica, lo cual implicó la segregación del sistema. Del mismo modo, la provisión pública quedó sometida a la voluntad de la autoridad política local de turno. La libertad de los padres de elección de la educación para sus hijo/as no ha sido efectiva debido a la preeminencia de la libertad de selección que han llevado a cabo los establecimientos educativos, íntimamente ligada a la capacidad económica de las familias. Por otra parte, el medrado rol del Estado en las temáticas sociales, heredado del desmantelamiento dictatorial, al sólo subsidio de la demanda, es decir el tratamiento igualitario para la educación pública y los proyectos privados, ha incidido en el deterioro del sistema público de educación. Ello ha facilitado la apertura – en un crecimiento exponencial- y manutención de establecimientos privados sin mayor control de la autoridad política.
Este rol de mero observador de la segregación escolar en aumento, ha favorecido una expansión salvaje del lucro en educación, tergiversando el principio y el sentido de la educación gratuita –la cual parece ser condenada a educar a los sectores socioeconómicos más bajos-. El efecto segregador ha implicado que los establecimientos que poseen los mejores mecanismos de selección de alumnos/as tienen los mejores resultados. El Estado chileno ha impuesto una desigualdad de trato al favorecer claramente a la educación privada, la cual sólo está sujeta a la regulación del mercado. Lo que es más grave aún, el Estado ha ayudado a financiar como parte de su gasto público a instituciones fundadas bajo el principio de lucro, lo cual es ajeno a la lógica de la educación pública. En consecuencia el sistema educativo chileno se caracteriza por las Crisis de Calidad, Equidad y de Segmentación social en las escuelas o “apartheid” educativo. Para superar esta crisis se requiere recuperar la responsabilidad del Estado –hasta ahora meramente subsidiario- en el desarrollo de nuestro sistema educativo, así como incorporar la participación resolutiva de la ciudadanía, democratizando y modernizando el sistema en su conjunto, lo que implica profundas reformas estructurales, las que sintetizamos a continuación:
1. REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN Y CAMBIO DE LA LOCE
• Con respecto a la Constitución de 1980, se requiere reformar sus artículos 19 y 20 con el objetivo que el Estado garantice el derecho a una educación de calidad integral, así como el condicionamiento de la libertad de enseñanza (en principio deseable) esté a los principios de bien común, la no discriminación y la abstención del lucro.
• La nueva Loce debe establecer:
• El derecho a la educación (cobertura) y a la calidad de la educación en condiciones de equidad.
• Que todo establecimiento que reciba financiamiento del Estado debe comprometerse a: no seleccionar alumnos; promover la participación de los actores de la comunidad con derecho a revisión de cuentas, reglamentos de disciplina, etc. con carácter decisorio.
• Elevar los requisitos exigidos para el reconocimiento de colegios y para desempeñarse como sostenedor. Estos deben relacionarse con el bien común, la no discriminación, la participación y la abstención del lucro.
• Definir en la LOCE (producto de una gran discusión nacional) el tipo de ser humano que queremos formar en las escuelas y un proyecto educativo para el país.
2. NUEVA INSTITUCIONALIDAD, cuyos elementos centrales son:
• Reorganización del Ministerio de Educación, eliminando la cultura del cuoteo político y el clientelismo. El MINEDUC debe reconstruir un sistema sólido y altamente capacitado de inspección, supervisión y apoyo pedagógico para todas las establecimientos educativos.
• Creación organismos públicos estatales que administren la educación pública, en reemplazo de los municipios, incorporado la participación de los actores de la comunidad local quienes contarán con un adecuado apoyo técnico-pedagógico –para la adecuación de las materias curriculares a la realidad local de niños y jóvenes- y financiero. Se priorizará el trabajo en redes de colaboración entre las escuelas por sobre la lógica de competencia entre escuelas como ocurre actualmente.
• Creación de una Superintendencia de educación para la inspección de la educación pública y privada de aspectos como: uso del financiamiento, cumplimiento de los criterios de calidad, y respeto de derechos y deberes (legislación). Esta entidad podrá imponer sanciones.
3. NUEVO SISTEMA DE FINANCIAMIENTO, que contempla un sistema de financiamiento mixto.
• El sistema público recibirá financiamiento privilegiado del Estado, vía presupuesto, para la educación de propiedad del Estado. La asignación de recursos vía presupuesto se realizará en base a territorios geográficos que conforman los distintos servicios de educación. Este presupuesto comprende la gestión del servicio y de los establecimientos, asegurando los costos de administración, dirección, docencia, apoyos pedagógicos, materiales educativos, infraestructura y equipamiento, así como alimentación escolar, considerando las necesidades educativas de la población escolar atendida (vulnerabilidad, ruralidad, necesidades educativas especiales, etc.)
• Los establecimientos del sistema particular subvencionado continuarán siendo financiados vía subvención, bajo la condición de que sometan a la política pública nacional, no lucrando ni seleccionando a sus alumnos.
• Este esquema de financiamiento ha sido estudiado en cuanto a sus costos y aparece absolutamente posible de financiar si se destina a educación el 10% de las ventas del cobre que actualmente son dedicadas a las fuerzas armadas.
4. CALIDAD DE LA EDUCACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD
• La calidad de la educación debe ser integral, considerando no sólo la formación para el trabajo, sino también para la ciudadanía crítica y el desarrollo personal, afectivo y social.
• Acorde con esta definición de calidad, los sistemas de evaluación no pueden centrarse sólo en la medición de estándares de rendimiento, sino fundamentalmente en los de procesos pedagógicos.
0 comentarios